* Se incurrió a delitos como la trata, corrupción de menores y robo de infante, cuya penalidad es de 30 a 40 años de prisión, sin derecho a fianza.

Por Oscar Rodríguez

Oaxaca, Oax.- El titular de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), Héctor Joaquín Carrillo Ruiz, anunció que ya existe una demanda penal integrada por los delitos de trata de persona, robo de infante y corrupción de menores, en contra de María Juana Santiago y Margarito Cruz Aguilar, padres de la niña Triqui que fue vendida, así como en contra de Basilio Estrella, quien “compró” a la menor en 40 mil pesos.

En entrevista, el titular de la PGJE refirió que a petición del DIF estatal, se integró una averiguación previa ante la Subprocuraduría de Investigación de Violencia contra la Mujer por Razones de Género; donde figuran como indiciados tanto los padres que vendieron a su hija, como el abogado que la pretendió comprar mediante el pago de 40 mil pesos, por concepto de una deuda por la presentación de servicios jurídicos a los familiares de la agraviada.

¿El comprador incurrió en un delito, lo mismo que sus familiares por venderla como pago de una deuda?

– Sí, se incurre en un delito, hay varios de acuerdo al Código Penal, como son el delito de trata, corrupción de menores y robo de infante, cuya penalidad es de 30 a 40 años de prisión, sin derecho a fianza-

Carrillo Ruiz, detalló que la denuncia contra los padres fue presentada por el cuerpo jurídico del DIF estatal.

Respecto al tema de la venta de menores, mencionó que se tienen averiguaciones sobre otros dos casos. Mismos que, precisó,  no han concluido y se mantienen en su fase procesal.

Con respecto a la actuación de la Jueza familiar que ordenó la tutela de la menor Triqui a favor de sus padres, abundó que tienen conocimiento que la agraviada no fue entregada directamente a  ellos, sino se encuentra en las instalaciones del DIF, bajo resguardo de la dependencia y del Poder Judicial, donde se está en espera que los padres cumplan con las condiciones que se estipularon para que puedan gozar de la patria protestad de la infante.

“Tengo entendido que los tutores tienen de seis meses hasta un año para cumplir con las disposiciones expedidas por la Juez, de lo contrario la menor sería conferida a un familiar o quedaría bajo tutela del estado”

La menor cuenta en estos momentos con medidas cautelares dictadas por la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO), dentro del albergue del DIF, que está custodiado por la Policía Estatal ante el riesgo de una posible sustracción.