Por Oscar Rodríguez

Oaxaca, Oax.- La Auditoría Superior Estatal (ASE), reconoció que unos mil millones de pesos no han sido solventados y fueron hurtados por el 40 por ciento del total de 570 ayuntamientos de Oaxaca.

Al entregar el Informe de resultados de la revisión y fiscalización de la cuenta pública municipal al Congreso local, el titular del organismo Carlos Altamirano, advirtió que se actuará con mano firme contra los alcaldes que saquearon los recursos municipales, “no habrá tolerancia, complacencia, ni se permitirá la impunidad”.

Dijo que no podrán dormir tranquilos porque se iniciaron procesos de sanción administrativa y penal contra los implicados.

En su informe, señala que un total de 232 ayuntamientos salientes, se llevaron toda la documentación contable y comprobatoria de los recursos, según consta en actas.

Detalló que en estos municipios hay denuncias por opacidad en el gasto y enriquecimiento inexplicable de los alcaldes y miembros de los cabildos.

Detalló que de 57 revisiones se ha detectado que un total de un mil 753 millones, 262 mil 15 pesos no han sido solventados por las autoridades municipales que dejaron su encargo.

El fiscal oaxaqueño dio a conocer que hay otras 30 revisiones más que están en fase de solventación, con un monto de 388 millones 174 mil 635 pesos; 18 se encuentran en proceso y se generaron dos dictámenes “limpios”; seis con salvedad y 49 con abstención de opinión.

Subrayó que para el caso de Santiago Amoltepec, se encuentran sin solventar 49 millones 758 mil 963 con 82 centavos, monto total ejercido en 2012.

Asimismo, el titular de la ASEO apuntó que en cuanto al seguimiento al ejercicio fiscal 2012, declaró que se comprobó, aclaró o reintegró a la cuenta bancaria correspondiente la cantidad de 882 mil 510 pesos.

     Altamirano Toledo manifestó que el órgano fiscalizador a su cargo avanzó hasta donde los recursos humanos, materiales y el tiempo lo permitieron; sin embargo, sostuvo que la ASEO “ha creado un precedente en la historia de Oaxaca, donde el común denominador en cada cambio de administración es llevarse los registros contables, lo que obstaculiza la labor fiscalizadora y transgrede el derecho ciudadano a la información y a la transparencia”.