La ley se tiene que aplicar sin distingos: Fiscalía

* Investigación de una denuncia no es un acto de criminalización de una profesión, afirma el fiscal.

 

* El fiscal señaló que los videos presentados como prueba hacen suponer la manipulación del expediente clínico del niño Edward.

 

 

 

Por Óscar Rodríguez

 

 

Oaxaca, Oax.- El titular de la Fiscalía General del Estado, Rubén Vasconcelos Méndez, se declaró respetuoso de la resolución que emitió la sexta Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia, que en el recurso de apelación permitió la libertad del médico Luis Alberto P. M., implicado en la muerte del niño Edward Luna Trujillo. Sin embargo, dijo que la dependencia aportó pruebas para imputar al galeno.

 

 

En un video difundido en redes sociales el fiscal rechazó que la institución se haya equivocado, y sostuvo la imputación que hizo respecto al caso del niño Edward por el delito de homicidio con la agravante de responsabilidad médica, aportando datos, revelando con base a pruebas de video que en el hospital donde se intervino quirúrgicamente a la víctima, se pudo manipular el expediente clínico para ocultar evidencia importante.

 

 

Aseguró que la carpeta de investigación integrada por la Fiscalía estuvo integrada de forma adecuada, con los datos suficientes y pruebas de toda índole realizadas por peritos y especialistas de diversas materias y de instituciones diversas, como el Instituto de Ciencias Forenses, la Procuraduría General de la República (PGR) y de la propia Comisión de Arbitraje Médico, además de que el caso fue revisado por dos jueces, siendo el último quien vinculó a proceso a uno de los imputados, el doctor Luis Alberto P. M., al que se le impuso la medida de prisión preventiva oficiosa por tratarse de un homicidio con dolo eventual.

 

 

Sin embargo, la sexta Sala Penal reviró el auto judicial de vinculación de proceso y otorgó la libertad provisional al implicado tras reponer el procedimiento, donde se reclasificó del delito de homicidio doloso a culposo.

 

 

Dijo que independiente de la determinación, la Fiscalía seguirá aportando pruebas para que se castigue a los responsables de la eventual negligencia médica y homicidio del menor.

 

 

Explicó que en base a la indagatoria, el niño Edward arribó al hospital donde murió, con una sola fractura del codo izquierdo, evidenciando que la intervención quirúrgica que se determinó no era urgente.

 

 

Asimismo, aclaró que la causa de la muerte no fue reacción alérgica o anafiláctica a un medicamento, sino asfixia por broncoaspiración.

 

 

Puntualizó que al revisarse el expediente clínico entregado por los responsables del hospital donde ocurrió la muerte del menor, se encontró que se omitió el hecho de que suministraron medicamentos a la víctima como la lidocaína, cuya existencia fue demostrada con dictámenes químicos correspondientes.

 

 

“Tenemos videos que hacen suponer que se produjo la manipulación del expediente clínico, es más, los médicos llamaron a personas externas para que colaboraran en dicho acto”, refirió.

 

 

Agregó que la operación terminó alrededor de las 12 de la noche, y hasta las 7 de la mañana el niño fue trasladado a otro hospital con unidad de cuidados intensivos, más de 7 horas después de terminada la operación, sin que en el lapso se le diera la atención adecuada.

 

 

En el hospital al que fue trasladado el menor se le dio atención médica por reanimación porque ya había tenido paros cardiacos declarándose su muerte a las 8 de la mañana.

 

 

El fiscal recriminó el uso mediático del caso, que generó una serie de manifestaciones, comentarios y descalificaciones. Ante ello, reiteró el compromiso de la Fiscalía con la aplicación de la ley, el respeto a los principios y reglas del Estado de Derecho.

 

 

Enfatizó que la ley se tienen que aplicar firmemente, sin complacencias, distingos, ni privilegios. “No puede haber grupos, ni personas exentas de la justicia, no puede interpretarse la investigación de una denuncia como un acto de criminalización o afectación de una profesión”, añadió.

 

 

En ese sentido, demandó el respeto a las instituciones y del nuevo sistema de justicia penal que solo busca valer el derecho de acceso a la justicia y de las víctimas, sin sujeciones políticas o sociales externas.

 

 

Para concluir, resaltó que las voces que critican y cuestionan el proceso tienen que valer ante los jueces las pruebas fundamentadas que argumenten sus dichos y acusaciones.