¿Debe otorgar la ciudadanía, un “periodo  de gracia” para el gobierno de Andrés Manuel?

Al Margen

Adrián Ortiz Romero Cuevas

Jueves 26 de julio de 2018., a 25 de julio de 2018.- Andrés Manuel López Obrador ganó la Presidencia como nadie lo había hecho en los tiempos de la competencia democrática real en México. Ese margen de legitimidad ciudadana fue consecuencia no sólo de la larga campaña presidencial que encabezó, sino también del genuino deseo de cambio que la mayoría de los mexicanos —simpatizantes permanentes, o no, a la causa lopezobradorista— manifestó en las urnas. Hoy que ya existe la certeza sobre su periodo presidencial, y frente a las primeras decisiones y planes anunciados, vale la pena preguntarse si es factible un periodo de tolerancia de la ciudadanía hacia la nueva administración, o si el sentido crítico debe mantenerse intacto.

En efecto, han pasado escasas tres semanas desde el histórico triunfo electoral de López Obrador, y en este corto periodo se han anunciado decisiones que mantienen encendido el foco de la polémica. El virtual Presidente Electo ha anunciado su intención de disminuir el salario de la burocracia federal; de mudar la sede de la mayoría de las Secretarías de Estado federales a diversas entidades federativas; de ‘cuadrar’ a los integrantes del Poder Judicial de la Federación a su plan de austeridad salarial; de impulsar acciones sociales como becas y apoyos duplicados para jóvenes y personas de la tercera edad; o más recientemente, de cuestionar a al INE por la resolución que sanciona a Morena por el uso irregular de un fideicomiso para apoyar a los damnificados por los sismos.

Frente a esas decisiones ha habido reacciones naturales —algunas de ellas, de enojo— por parte de quienes verán lastimados sus derechos; particularmente, dos sectores que se han manifestado preocupados por los primeros anuncios de la próxima administración federal, han sido los integrantes del Poder Judicial Federal, así como los empleados del gobierno de la República a quienes se les trasladaría de la Ciudad de México a distintas entidades federativas, al moverse las respectivas sedes de las entidades gubernamentales para las que trabajan.

En el primero de los casos, el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Luis María Aguilar Morales, aseguró que las remuneraciones y pensiones de los miembros del Poder Judicial de la Federación no son privilegios, sino condiciones que garantizan la autonomía e independencia de los magistrados y jueces.

“Tener remuneraciones y condiciones de retiro razonables y dignas, que les permitan tener la humana tranquilidad para reflexionar sus análisis y decisiones sin presiones ni internas ni externas que doblen la vara de la justicia”, demandó. Aguilar Morales aseguró que no hay duda de que la ciudadanía votó por el mejor candidato que consideró (Andrés Manuel López Obrador), quien durante años y “dentro del sistema mismo de la democracia buscó pacíficamente la confianza de la sociedad”. Tanto el Ministro, como todos los integrantes del Poder Judicial, han reconocido que su estabilidad y nivel salarial es fundamental para atajar las tentaciones de la corrupción. La misma ex ministra Olga Sánchez Cordero, próxima Secretaria de Gobernación, se pronunció recientemente en ese mismo sentido.

Ahora bien, respecto a la burocracia federal que sería cambiada masivamente de la Ciudad de México a otras entidades federativas, ayer el periodista Héctor de Mauleón daba cuenta en su columna En Tercera Personal, publicada en El Universal, de la oposición y las vicisitudes con las que seguramente se topará el nuevo gobierno al intentar la mudanza. Citando al presidente de la Academia Mexicana del Derecho Procesal del Trabajo y coordinador de la Comisión de Derecho del Trabajo de la Barra Mexicana del Colegio de Abogados, el licenciado Gilberto Chávez Orozco, los planes de AMLO no son tan fáciles de cumplir.

Se estrellarán, apuntaba De Mauleón, con el marco jurídico y de derechos humanos que protege a los trabajadores al servicio del Estado, en cuyos nombramientos se asienta, por ejemplo, el lugar exacto en el que habrán de desempeñar su trabajo. De acuerdo con Chávez Orozco, en términos legales López Obrador no puede ordenar la mudanza con solo chasquear los dedos. Tendrá que establecer negociaciones y convenios, liquidar a los afectados, pagar gastos de traslado y de vivienda, ofrecer beneficios como becas para los hijos y como créditos para vivienda.

“Tendrá que desembolsar además unos 147 mmdp en bienes inmuebles y muebles. Y tendrá, sobre todo, que ganar los juicios legales y de amparo a que, llegado el caso, pueden llevarlo 1.2 millones de trabajadores. En caso de llevarse a cabo, la reflexión de aquella mañana en Tabasco, cree el también director general del Instituto de Posgrado del Derecho, traerá al gobierno de AMLO impredecibles costos. Algunos de ellos, políticos.”

 

¿CALLARSE O EXIGIR?

Estos son dos botones de muestra, de varios que existen ya respecto a asuntos que le generará oposición al gobierno de López Obrador. En redes sociales, por ejemplo, hay una tendencia muy marcada de ciertos sectores, a la descalificación a todo aquello que esté en contra de los proyectos, iniciativas y hasta caprichos obradoristas.

Al tachar de cómplices de la mafia en el poder, de priistas o de vendidos, a aquellos que hacen apuntes críticos, o a quienes abiertamente se oponen a alguno de sus proyectos o decisiones, los simpatizantes del nuevo gobierno están tratando de inhibir el mismo ejercicio que nos llevó a este punto de tercera alternancia: la posibilidad de someter permanentemente al escrutinio público las decisiones gubernamentales, y el derecho de oponerse abiertamente a ellos ya sea a través de la crítica, el argumento y hasta la descalificación. Esto último fue mucho de lo que hicieron consistentemente los ahora próximos partidarios del oficialismo, durante los 18 años de gobiernos panistas y priistas, desde los tiempos de la primera alternancia.

En esa lógica, habría que preguntarse si en realidad es posible darle al gobierno de Andrés Manuel López Obrador un “periodo de gracia”, una “luna de miel” o el “beneficio de la duda” frente a decisiones en las que está enfrentando nuevamente a la ciudadanía; o si también desde las trincheras ciudadanas es importante no dar tregua desde el inicio.

 

CRÍTICA, DESDE LA CIUDADANÍA

El matiz distinto que tiene esta futura administración, respecto a las tres anteriores, es que ésta tiene prácticamente zanjados los diques de la división de poderes y de las mayorías que son necesarias para modificar la ley. Ni Vicente Fox, ni Felipe Calderón, ni Enrique Peña Nieto en sus mejores momentos, tuvieron en el Congreso los márgenes de maniobra que sí tendrá López Obrador. Por eso, vale también la pena valorar si es importante o no —y, evidentemente, sí lo es— generar desde la ciudadanía el sentido crítico y la oposición que al menos en los siguientes tres años, no tendrá el Ejecutivo federal desde las cámaras legislativas.

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