Acusan omisión del Poder Judicial a demandas laborales

El paro de labores afecta a 75 juzgados y Ciudad Judicial; amagan con extender protesta a Ciudad Administrativa.

 

Por Óscar Rodríguez / Foto de Max Núñez

Oaxaca, Oax.- Luego de cuatro días de paro de labores en las áreas administrativas y jurisdiccionales del Poder Judicial de Estado, trabajadores acusaron la falta de atención a sus peticiones, y amagaron con extender sus protestas para presionar a las autoridades a cumplir con el convenio 2018 y las prestaciones ya pactadas.

Los usuarios de los servicios de justicia son los más afectados debido a que el paro ha causado la reprogramación de audiencias de especial importancia, tal es el caso de pensiones alimenticias, medidas cautelares en caso de violencia intrafamiliar, reconocimiento de paternidad, la escucha y convivencia de menores; en materia penal, órdenes de aprehensión, ampliación de términos constitucionales, control de detención en caso de delitos graves, suspensión condicional de los procesos, entre otros.

Cabe mencionar que el Poder Judicial cuenta con 2 mil 508 servidoras y servidores públicos, de los cuales 234 están adheridos al Sindicato de Empleados del Poder Judicial de Oaxaca e Instituciones Conexas, representando el 9.3 por ciento de la plantilla laboral.

De acuerdo con las autoridades del PJE, este grupo que ha paralizado los servicios de justicia en el estado se escuda en un pliego petitorio que “raya en la sin razón”. Por ejemplo, exigen cambio de adscripción de personal de confianza y base de otros sindicatos, rotación de jueces a capricho del mismo, incursión del personal de base en los juicios orales, cuando en estos juzgados se trabaja las 24 horas, lo que generaría que la impartición de justicia se ajustara a las 5 horas que labora la base sindical.

Además, obstaculizan el acceso a la justicia de los oaxaqueños para demandar tres ventiladores, un aire acondicionado, oficinas propias en sede judicial para atender asuntos sindicales, cuando ya ostentan un edificio que sufraga el propio Tribunal.

Se suma a ello estímulos de productividad, pago de guarderías, apoyo de gasolina, libretas escolares y mochilas para sus hijos, prestación para ayuda dental, pensión para talleres recreativos, becas para estudios, pago inmediato de préstamos que ascienden a la cantidad de 10 millones de pesos y pago de eventos como el Día del Niño, Día de la Madre, padre, empleado, y más.

Cabe señalar que este gremio sindical representado por su líder, Miguel Esteva Domínguez, a pesar de estar conformado por un número reducido de integrantes cuentan con salarios, prestaciones económicas y beneficios por encima de las y los trabajadores de confianza; entre ellas la revisión salarial anual con un promedio de aumento del 4.2 por ciento, cifra que representa una erogación para el PJE de 37 millones de pesos, garantía que desde hace años no cuentan los mandos medios y superiores.

Por otra parte, los sindicalizados de esta gremial perciben salarios que van de los 10 mil 627 pesos a los 15 mil 969 pesos netos mensuales, con un horario laboral de no mayor a cinco horas diarias. En tanto, un trabajador de confianza percibe un sueldo 50 % menor con jornada laboral de ocho o más horas.

Con todas las prerrogativas mencionadas, los sindicalizados buscan utilizar el cierre de instalaciones como medida de protesta para obtener otra lista de beneficios que de manera económica generarían un colapso del Poder Judicial del Estado, incluso, poner en riesgo que el resto de las y los trabajadores tengan asegurado su salario e incrementar la deuda institucional, que hasta ahora es de 200 millones de pesos, situación ya insostenible.