Asegura Fredy Gil que detención de sus colaboradores es venganza política

Agencia JM

Con videos y pruebas testimoniales, el diputado priista Fredy Gil Pineda Gopar, busca deslindar del proceso penal a causa de la quema de una camioneta de una empresa refresquera, a tres de sus colaboradores que fueron indiciados  junto a 10 estudiantes normalistas por cometer actos vandálicos.

Los trabajadores del legislador fueron señalados de incitadores y de infiltrados por el agente del ministerio público dependiente de la Procuraduría general de Justicia y por los elementos del grupo antimotines de la Secretaría de Seguridad Pública, sin embargo, el representante popular busca valer su fuero para comprobar la inocencia, argumentando que los indiciados fueron procesados como parte de una venganza política en su contra.

Dijo que en los videos que hará valer como testimonial ante un juzgado federal para que les pueda ser otorgado un amparo contra la orden de aprehensión, se nota cómo los implicados son jaloneados y golpeados por los integrantes de la Policía Antimotines, mismos que los subieron a una camioneta de la Policía Estatal Preventiva, donde los trasladaron al cuartel de la corporación mientras los torturaban física y psicológicamente.

Reiteró que sus empleados acudieron a las instalaciones de la Secretaría de Comunicaciones y Transporte (SCT), que estaba cerca del lugar donde ocurrió la detención de los normalistas, solo a realizar unos trámites de obras, cuando fueron confundidos y sometidos por las fuerzas del orden.

“El error de ellos fue haber dicho que eran trabajadores del diputado Fredy Gil” indicó el legislador; y  es que aseguró que ésta fue la razón principal por lo que inmediatamente fueron detenidos para ser llevados por los elementos de la SSP ante un juez.

Fredy Gil aseguró que esta actitud de los elementos de la Policía forma parte de la lucha estéril que Alberto Esteva ha iniciado en su contra.

Por ello, dijo que pedirá Juicio Político en contra del mando de seguridad ante el pleno del Congreso Local, “por incurrir en detenciones arbitrarias y extrajudiciales, levantones, que son acciones violatorias de los derechos humanos”.

Los tres trabajadores del diputado, Esteban Sotelo Mariche, José Ángel Jiménez y Noel Páez,  quienes también fueron beneficiados de la libertad bajo caución, siguen en calidad de indiciados ante el Juez Cuarto de lo Penal, a pesar de pagar una fianza reducida, contando con el auto de formal prisión en su contra acusados de cometer el delito de daño por incendio y vandalismo.