En la Corte, el caso de San Baltazar Chichicapam

  • La Cámara de Diputados intervendrá una vez que la Suprema Corte emita su dictamen, para continuar o en su caso rechazar el procedimiento de desaparición de poderes, solicitado por el “cabildo popular” y su Consejo Municipal

Por Ignacio Martínez Platas / AGENCIA JM / Foto Ambientación

La solución al conflicto político-electoral de San Baltazar Chichicapam, Ocotlán, se encuentra en manos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), quien concedió una suspensión provisional a las autoridades municipales electas y por lo tanto el Congreso del Estado está impedido para intervenir, así lo confirmó la presidenta de la Comisión Permanente de Gobernación de la LXII Legislatura del Congreso del Estado, Lilia Mendoza Cruz.

La legisladora priista aseguró que la Cámara de Diputados intervendrá una vez que la Suprema Corte emita su dictamen, para continuar o en su caso rechazar el procedimiento de desaparición de poderes, solicitado por el “cabildo popular” y su Consejo Municipal.

Destacó que la suspensión otorgada en el juicio de amparo al presidente municipal, Carlos Vásquez Rebollar, de quién exigen su destitución por  una supuesta malversación de fondos por 22 millones de pesos, no permite continuar con el proceso de revocación de mandato por provenir de un juzgado federal.

La también integrante de la Comisión Permanente de Honor, Justicia y Régimen Parlamentario de la LXII Legislatura del Estado, insistió que de esto se ha explicado reiteradamente a los inconformes, sin embargo, éstos continúan en su exigencia de que la Comisión Permanente de Gobernación del Congreso del Estado ordene la desaparición de poderes en éste municipio zapoteco de los valles centrales.

Y es que, de acuerdo a reportes de la Secretaría General de Gobierno, un grupo de profesores de la Sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), se apoderaron del control de un sector de la comunidad a quienes convencieron de una serie de irregularidades en las que supuestamente habrían incurrido las autoridades municipales electas constitucionalmente.

De ésta manera, con las mismas tácticas violentas utilizadas por la Sección 22 de la CNTE, dividieron y enfrentaron a la ciudadanía, tomaron el palacio municipal, sembraron el terror y ahora exigen el desconocimiento de las autoridades municipales, para mantener el control total de la autoridad y disponer libremente de los recursos de los ramos 28 y 33 para apoyar el movimiento magisterial.