miércoles, agosto 17, 2022

Taxistas “piratas” corren riesgo de perder patrimonio por Ley de Extinción de Dominio

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Por Fernando Reyes / Agencia IGAVEC

Huajuapan de León, Oax.- El abogado penalista Agustín Vargas Ramírez informó que los propietarios de taxis “piratas” están en riesgo de perder su patrimonio de estas unidades de alquiler que prestan su servicio de forma irregular, luego de que se aprobara la Ley de Extinción de Dominio. Lo anterior, toda vez que se trata de recursos de “procedencia ilícita”, en virtud de que no cuentan con la concesión autorizada por el Ejecutivo del estado atendiendo la Ley de Transporte de Oaxaca.

Indicó que en el caso de la Mixteca y toda la entidad oaxaqueña, por muchos años debido a la escasez de trabajo, existen ciudadanos que por necesidad han operado sus vehículos de forma ilegal, es decir, sin el permiso o la concesión que el gobernador debe proporcionarles; situación que esta citada Ley contempla, ya que es una figura que es de observancia general para toda la República Mexicana.

“Es decir, que anteriormente al momento de llevar a cabo un operativo solamente se les recogía el vehículo y se les condicionaba a borrar la cromática; pero ahora el ministerio público tendrá la facultad de investigar los bienes de dicho transportista por el solo hecho de estar adquiriendo recursos de forma ilícita”, dijo.

Mencionó que en el caso de que dicho vehículo tenga reporte de robo, podría el ministerio público investigar si no está en el supuesto de delincuencia organizada, lo que agravaría más la situación jurídica de dicho transportista, “se tiene que tomar en cuenta que el chofer antes de tomar este tipo de vehículos ilegales, deberá verificar que la unidad no cuente con reporte de robo, porque eso sería suficiente para que se le aplique la Ley Nacional de Extinción de Dominio, aunque argumente que la unidad de motor no es suya”, apuntó.

En este sentido, expresó que existe preocupación social porque en varios medios de comunicación y foros de análisis, han dejado señalado que dicha Ley violará los principios de presunción de inocencia y la propiedad privada de todos los ciudadanos, porque antes de dictar sentencia, es decir, durante el procedimiento, las autoridades podrán acopiar y posteriormente poner a la venta los vehículos, objetos y propiedades de los cuales se tenga sospecha que están vinculados con actividades ilícitas.

“Aunque queda la duda sobre cuáles serán los criterios aplicados en el tema del transporte público y robo de vehículo; así como también no existe el criterio sobre el monto de lo adquirido de forma ilícita con el costo del valor de los bienes que el Estado pudiera adjudicársele”, abundó.

 La Ley de Extinción del Dominio es el decomiso civil en beneficio del Estado del patrimonio de una persona seguido de un procedimiento judicial, que el Estado podrá realizar a través de una acción civil que ejercerá el Ministerio Público, siempre y cuando se demuestre que el bien fue adquirido o fue destinado para actos ilícitos, es decir, es cuando una persona adquirió o destinó de forma ilícita un bien. Cuando dicha actividad es procedente de un acto ilegal contrario al derecho, entonces el Estado  podrá quitarle sus bienes, en beneficio de la sociedad, sin darle ningún apoyo o compensación, recalcó.

En el catálogo de delitos se contempla: secuestro; delincuencia organizada; delitos en materia de hidrocarburos, petrolíferos y petroquímicos; delitos contra la salud; trata de personas; delitos por hechos de corrupción; encubrimiento, delitos cometidos por servidores públicos; robo de vehículos; recursos de procedencia ilícita y extorsión.

Dijo que el artículo 22 Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos en su tercer párrafo señala, “la acción de extinción de dominio se ejercitará por el Ministerio Público a través de un procedimiento jurisdiccional de naturaleza civil y autónoma del penal, es decir, que en esencia serán dos procedimientos: el penal para determinar la probable responsabilidad y una civil, que será para el decomiso civil, y determinar la adquisición y procedencia ilícita de los bienes”.

Indicó que quienes se vean envueltos en esta situación se podrán amparar solo en el caso de que no vendan sus propiedades antes de una sentencia, “ya que el artículo 1º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, señala que es obligación de toda autoridad respetar y proteger los derechos y garantías reconocidas en la Constitución y en los tratados internacionales aplicables, entre ellos, el debido proceso, que también se encuentran establecidos en los artículos, 14 y 16 y en el último párrafo del artículo 22 de la Constitución, que también  fortalece este mecanismo”.

“Esto quiere decir, que solo puede ocurrir la pérdida de un derecho siempre y cuando, este se encuentre establecido en una Ley y al demandado se le permita ser oído y vencido en juicio, permitiendo a toda persona que se considere afectada, garantizar el acceso a los medios de defensa adecuados para demostrar la procedencia legítima del bien sujeto al procedimiento”, puntualizó Vargas Ramírez.

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