Pide IP cambios en reforma de subcontratación

Representantes de empresas y cámaras empresariales solicitan a los legisladores que la reforma sea aplicada hasta 2022.

Información de agencias

Ciudad de México.- Representantes de empresas, cámaras empresariales y abogados de empresas, solicitaron a los legisladores modificaciones a la iniciativa en materia de subcontratación que envió el Ejecutivo a la Cámara de Diputados en aspectos como: definir claramente los conceptos de servicios especializados en los que sí se permite la subcontratación, así como la modificación en el tiempo para su aplicación y extenderlo a un año más hasta 2022.

Durante el Parlamento Abierto organizado por la Comisión de Trabajo y Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados, el presidente en la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz y la Industria Nacional de Autopartes, José Guillermo Zozaya, afirmó que hay una “profunda preocupación por la presentación de la iniciativa en la que se pretende prohibir la subcontratación de forma radical”.

Tras proponer que no se prohíba dicha actividad, dijo que es indispensable que se modifique la propuesta y se utilice el “objeto social” para determinar si es posible contratar una prestadora de servicios especializados, esto debe ser sólo considerando la actividad económica.

“Se debe eliminar el objeto social como elemento para determinar los servicios especializados, ya que su alcance podría ser tan amplio o genérico y traería confusiones o una cantidad de interpretaciones por lo que sólo se debe considerar la actividad económica como elemento para determinar el servicio contratado; por ejemplo servicio de logística, administración, transporte y servicios para beneficio de los trabajadores (comedores)”, explicó.

Añadió que no es posible, como lo propone la iniciativa, que se otorgue sólo un periodo de seis meses para hacer las modificaciones que se requieren, esto se debe ir hasta finales de 2021.

En ese mismo tenor, Raúl Maillard, presidente de la Comisión Laboral de Canacintra, afirmó que las penas que se incluyeron en la iniciativa de reforma son exageradas y contrarias a derecho; por lo que se debe cambiar el concepto, sobre todo en lo que respecta al pago de utilidades laborales.

A su vez, Jaime Zabludovsky, presidente de Conméxico, aseguró que hay incertidumbre porque corresponde únicamente a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) expedir los permisos para las empresas prestadoras de servicios especializados, pues se desconocen los criterios y coincidió en que la iniciativa debe entrar en vigor hasta el año 2022, es decir un año de transición.


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