Buscará Segob liberación de mujeres presas por abortar

Gobernación trabajará en conjunto con sistemas penitenciarios y las defensorías públicas de todos los estados del país.

De la Redacción

Ciudad de México.- La Secretaría de Gobernación (Segob) aseguró que trabajará en conjunto con los sistemas penitenciarios y las defensorías públicas de las 32 entidades federativas a través de la Unidad de Apoyo al Sistema de Justicia y la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim), así como la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos (Conatrib), para liberar a aquellas mujeres que se encuentran presas por haber interrumpido su embarazo.

​Dentro de las investigaciones para dar con las personas que tengan carpetas abiertas por este tipo de delito, se identificaron casos de personas procesadas o sentenciadas por interrupción del embarazo, o bien, por haber sido participes en el proceso.

De acuerdo con la titular de la Conavim, Fabiola Alanís, al menos 53 mujeres continúan presas por abortar en distintas entidades del país, y del 2015 a agosto del 2021 se han iniciado 4 mil 87 carpetas por el delito de aborto.

Esta decisión fue tomada luego de la resolución del 7 de septiembre de 2021, emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en la acción de inconstitucionalidad 148/2017, promovida por la Procuraduría General de la República (PGR).

Esta acción resolvió, por unanimidad de diez votos, que es inconstitucional criminalizar el aborto de manera absoluta y se pronunció por primera vez a favor de garantizar el derecho de las mujeres y personas gestantes a decidir, sin enfrentar consecuencias penales.

El proyecto de la SCJN, derivado de una impugnación que la entonces Procuraduría General de la República (PGR) hizo contra el Código Penal de Coahuila en 2017, declaró inconstitucional la criminalización de las mujeres que abortan y la del personal sanitario que la asiste con consentimiento.

En Oaxaca, el Congreso local aprobó por mayoría una reforma a la Ley de Salud del estado para obligar a los 56 hospitales y 500 clínicas rurales y de primera urgencia ejercer el protocolo de aborto gratuito a todas las mujeres que lo soliciten.

La adicción es parte de las reformas al Código Penal para despenalizar el aborto en el estado y contempla sanciones administrativas y multas al personal de salud que se niegue atender a las mujeres que demanden la practica de un aborto en el estado.


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