Analizan la Reforma sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas

El Magistrado de la Sala de Justicia Indígena y Quinta Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia de Oaxaca, impartió un curso en línea organizado por Colegio Universitas de Masters de Antequera (CUMA), la Barra Oaxaqueña de Abogados y Pasantes de Derecho Independientes y la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales – UABJO

Oaxaca, Oax.- Con gran satisfacción se llevó a cabo el curso en línea “Reforma Derechos de los Pueblos Indígenas”, impartido por el Maestro Luis Enrique Cordero Aguilar, Magistrado de la Sala de Justicia Indígena y Quinta Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca.

En la ceremonia de inauguración se contó con la presencia del Lic. Saúl Alberto Ángel Villareal, Presidente de la Barra Oaxaqueña de Abogados y Pasantes de Derecho Independientes A. C.; el Maestro Luis Enrique Cordero Aguilar, Magistrado de la Sala de Justicia Indígena y Quinta Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia de Oaxaca; la Maestra Julieta Consuelo Cruz Pulido, Directora General del Colegio “CUMA”; y del Maestro Carlos Perezcampos Mayoral, Director de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca (UABJO).

El ponente explicó que el reconocimiento constitucional de los derechos de los pueblos indígenas ha sido un proceso que enfrenta dos visiones del México contemporáneo: la que considera que somos un país mestizo, es decir, monocultural; y la que considera que somos una sociedad pluricultural. La primera está basada en un proyecto de nación que negaba implícitamente la diversidad cultural, y la segunda se funda en la constatación histórica de la heterogeneidad cultural. Se reflejan en la Reforma Constitucional en materia indígena publicada en el diario oficial de la federación el 14 de agosto de 2001.

Con base en el primer párrafo del Apartado «B» del Artículo dos, el Estado se obliga a establecer las instituciones y políticas para «eliminar cualquier práctica discriminatoria» hacia los indígenas. Esta obligación queda reforzada con la declaración de la prohibición a «toda discriminación motivada por origen étnico… O cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas».

El reconocimiento constitucional de las diferencias culturales actualiza el principio de igualdad ante la ley de las personas. La aspiración de eliminar los privilegios y neutralizar la aplicación de la ley, considerando a todos como iguales, produjo que los que son diferentes culturalmente a los valores y procedimientos del derecho dominante vivieran ignorados y en condición de desventaja ante las instituciones públicas.

Al obligarse el estado a combatir toda forma de discriminación, en particular respecto de los indígenas, se coloca en una situación inédita: niega la homogeneidad cultural. Desde esta perspectiva, el estado es promotor y garante de la pluriculturalidad del país, por lo que la aplicación de la ley ya no será neutral, ciega, sino que para que la igualdad se logre se tendrán que tomar en cuenta las características culturales de los indígenas en las relaciones jurídicas, sociales y políticas.

Con base en lo anterior se podría afirmar que el estado es la sociedad culturalmente organizada, con lo cual la reforma indígena aporta elementos para la construcción de una organización política, social y jurídica pluricultural. Está visión es confirmada en la primera frase del párrafo segundo del artículo dos, cuando establece que «la nación tiene una composición pluricultural sustentada originalmente en sus pueblos indígenas». Postura ampliada en el último párrafo del apartado «a» del mismo artículo cuando señala que serán reconocidos los derechos culturales de «toda comunidad equiparable» a la de los indígenas.

Sin embargo, la visión monocultural se mostró, para advertir que «la nación mexicana es única e indivisible». Algo que era totalmente innecesario, ya que el espíritu de la reforma no pretendía la desunión ni la división del estado, sino incluir en su unidad e indivisibilidad los derechos de los pueblos indígenas.

Los derechos humanos tradicionales consideran a la persona en lo individual como único y absoluto sujeto de derechos. El reconocimiento de los derechos sociales rompió con esta tradición y la actualizó al considerar como sujetos de derechos a personas colectivas, a grupos humanos. El reconocimiento que hace ahora la reforma a los pueblos indígenas como sujetos de derechos reactualiza dicha tradición al considerar sus características culturales y su situación de desigualdad.

Se definen a los pueblos indígenas como «aquellos que descienden de poblaciones que habitaban en el territorio actual del país al iniciarse la colonización y que conservan sus propias instituciones sociales, económicas, culturales y políticas. Elementos de definición tomados del convenio 169 sobre derechos de los pueblos indígenas de la organización internacional del trabajo acierto incorpora el principio de autoidentificación «la conciencia de su identidad indígena deberá ser criterio fundamental para determinar a quiénes se aplican las disposiciones sobre pueblos indígenas».

Las comunidades indígenas son comunidades integrantes de un pueblo indígena, aquellas que formen una unidad social, económica y cultural, asentadas en un territorio y que reconocen autoridades propias de acuerdo con sus usos y costumbres. Dos elementos a tomar en cuenta en la identificación de las comunidades indígenas: «criterios etnolingüísticos y de asentamiento físico».

La identificación de los pueblos y comunidades indígenas lo harán los estados de la federación.

El derecho matriz de un pueblo es su derecho a la libre determinación. La autonomía es a los pueblos lo que la libertad es a los individuos: su razón de ser y estar sobre la tierra. El derecho a la libre determinación de los pueblos y comunidades indígenas está reconocido por el estado. Las bases del estado pluricultural. Están reconocidos con los siguientes derechos autonómicos: el derecho al autogobierno, el derecho al derecho y el derecho al territorio, puntualizó el ponente.

Al concluir el curso, la Maestra Julieta Consuelo Cruz Pulido, directora del Colegio “CUMA”, expresó su agradecimiento al Honorable Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca y a la Barra Oaxaqueña de Abogados y Pasantes de Derecho Independientes A.C., así como a la Facultad de Derecho de la UABJO por apoyar este proyecto académico.

De la misma forma, exhortó a los participantes a poner en práctica con la ética profesional que distingue a los profesionales de la Ciencias Jurídicas del Derecho, los conocimientos adquiridos en el curso “Reforma Derechos de los Pueblos Indígenas”.


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