viernes, julio 19, 2024

Inhabilitarán y encarcelarán a médicos que realicen esterilización forzada en Oaxaca

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Castigarán a médicos que apliquen procedimientos que atenten contra el derecho de las mujeres a decidir sobre su maternidad.

Por: Óscar Rodríguez 

Oaxaca, Oax.- El pleno de la Cámara de Diputados local aprobó con 37 votos a favor una serie de reformas al Código Penal de Oaxaca para castigar con 14 años de cárcel, suspensión de profesión e inhabilitación al personal médico que cometa procreación asistida, esterilización forzada o incurra en inseminación artificial sin consentimiento de la mujer a quien se le realicen los procedimientos.

La esterilización forzada es una práctica médica que, de acuerdo con investigaciones académicas, se realiza principalmente en mujeres indígenas. En Oaxaca, se realizan principalmente procedimientos como la salpingoclasia o colocación de dispositivos intrauterinos (DIU), entre otros métodos sin consentimiento de las mujeres.

Con esta aprobación, por parte de la 65 Legislatura del Congreso de Oaxaca, se busca proteger el derecho de las mujeres sobres sus cuerpos, su maternidad o el no ejercicio de ella, el cual es un derecho constitucional a la inviolabilidad de la vida privada con relación a la autonomía reproductiva, a una vida libre de violencia, y contar con acceso a la información.

Dicha propuesta de reforma de ley fue propuesta en junio del año 2022 con el objetivo de subsanar el vacío legal que dejaba en la impunidad la violencia reproductiva en Oaxaca. En ella, se propuso la incorporación de tres ilícitos: la esterilización forzada, la inseminación artificial no consentida y la disposición de óvulos, espermatozoides y embriones para fines no autorizados. 

Igualmente, la protección a menores de edad fue una premisa en el proyecto aprobado. Pues establece agravantes cuando la víctima sea menor de edad, tenga alguna discapacidad o se trate de persona incapaz para comprender el significado del hecho o para resistirlo.

Además, si el delito es cometido en contra de una persona menor de edad, tenga alguna discapacidad o sea incapaz para comprender el significado del hecho o para resistirlo, el hecho será perseguido de oficio, entre otras previsiones contenidas en el dictamen aprobado.


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