jueves, abril 18, 2024

Demandan perspectiva de género en justicia penal

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La ministra presidenta de la SCJN, Norma Piña, explicó que en México hay una enorme brecha entre la justicia y la realidad de las mujeres; señala que la obligación de la y los jueces es acabar con las barreras de acceso a la justicia

Información de agencias

Ciudad de México.- Durante la apertura de las Mesas de Diálogo sobre Proceso Penal y Perspectiva de Género, la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Piña Hernández, hizo un llamado a reconstruir la justicia penal con un enfoque de género para eliminar las barreras que enfrentan las mujeres.

«La importancia de reflexionar sobre la situación de las mujeres frente al sistema penal radica, como todos sabemos, en que las leyes, así como las premisas fundamentales desde las cuales se aplican o se interpretan, se han construido desde una mirada eminentemente masculina, que nos asigna conductas y comportamientos basados en estereotipos de género”.

En su ponencia, la ministra presidenta refirió que esta situación vuelve a la discriminación un problema estructural y niega la principal razón de ser de los sistemas de justicia: garantizar la dignidad e igualdad de todas las personas.

Al inaugurar en la Suprema Corte tres días de Mesas de Diálogo sobre Proceso Penal y Perspectiva de Género, en la que participan funcionarias judiciales, activistas y académicas, Norma Piña Hernández explicó que en México hay una enorme brecha entre la justicia y la realidad de las mujeres, por lo que es necesario que se visibilice la problemática actual, para dar paso a soluciones reales.

De igual manera y siguiendo la línea de la interseccionalidad, que se ha convertido en el enfoque institucional de la Corte en años recientes, la ministra presidenta destacó que el poder punitivo del Estado tiende a criminalizar a personas de origen étnico en situaciones de pobreza, indígenas, quienes consumen sustancias y a las precarizadas en condiciones laborales o de salud.

«Nadie puede negar que el poder punitivo del Estado tiende a criminalizar a las personas de origen étnico diverso, en situación de pobreza, indígenas, a quienes consumen sustancias también se criminaliza, a las precarizadas en sus condiciones laborales o de salud. Por ello, hablaremos del enfoque interseccional, que no solo debe aplicarse en casos en que las mujeres se ven afectadas por delitos, sino también para comprender los contextos diferenciados de las mujeres que enfrentan acusaciones”.

Bajo ese argumento, la primera mujer en presidir la Corte afirmó que debemos poner particular atención a los problemas que surgen durante la investigación y el juicio.

«Tomaremos como referencia algunas de las violaciones a derechos humanos más graves y que afectan de manera especial a las mujeres: feminicidios, trata de personas y desapariciones forzadas».

OBLIGACIÓN DE LOS JUECES ACABAR CON BARRERAS DE ACCESO A LA JUSTICIA

La ministra presidenta recalcó que la obligación como juzgadoras y juzgadores es advertir las múltiples barreras que enfrentan las mujeres para acceder efectivamente a la justicia.

«Es combatir los terribles números que definen la impunidad en nuestro país. Es proteger a las que están; a las que no sabemos dónde están y son buscadas desesperadamente por sus personas queridas, así como lograr justicia efectiva para las que ya no están», puntualizó.


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