La gestión integral de riesgos ante estos fenómenos debe considerarse como una política pública permanente, afirman legisladores.
Foto: ambientación.
Ciudad de México.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión aprobó un dictamen que destaca la necesidad de una gestión integral de riesgos ante fenómenos naturales, particularmente la actividad sísmica y volcánica, que representan una amenaza constante para la población, el patrimonio y la infraestructura del país.
El dictamen solicita a las autoridades de protección civil, tanto a nivel federal como local, fortalecer sus capacidades de detección de sismos y otros fenómenos riesgosos. Se enfatiza la importancia de mantener actualizados los protocolos de atención ante estos eventos.
La aprobación del dictamen se da tras el sismo de magnitud 7.4 registrado el 17 de julio de 2026 frente a las costas de Chiapas, que evidenció las brechas en los sistemas de detección y alertamiento temprano, especialmente en zonas con alta actividad geológica. Senadores y diputados coinciden en la necesidad de realizar evaluaciones científicas y presupuestales para identificar prioridades de inversión y la viabilidad de ampliar la infraestructura de detección.
El Servicio Sismológico Nacional de la UNAM es llamado a garantizar el funcionamiento continuo de la red de monitoreo de sismos con altos estándares de calidad y a fortalecer el intercambio de datos con otras autoridades para emitir alertas tempranas.
Además, otro dictamen aprobado el 19 de agosto, propone a los gobiernos de las 32 entidades federativas y a los municipios mantener actualizados sus protocolos de protección civil y gestión de riesgos ante sismos, emergencias o desastres, y difundirlos a través de medios oficiales. Se destaca la importancia de informar a la ciudadanía sobre rutas de evacuación, refugios temporales y medidas de autoprotección, considerando a grupos vulnerables como pueblos indígenas, niños, adolescentes y adultos mayores.
La Comisión Permanente subraya que la actualización de estos protocolos permite a las autoridades identificar cambios en los riesgos del territorio, incorporar aprendizajes de simulacros y emergencias previas, y mejorar la coordinación interinstitucional para una respuesta más efectiva ante desastres.
