Podrán aspirar a esos puestos si renuncian formalmente a la segunda ciudadanía antes de su registro; la reforma sería aplicable hasta el proceso electoral de 2028.
Ciudad de México.– La Cámara de Diputados aprobó, por mayoría calificada, la reforma constitucional que establece que quienes aspiren a la Presidencia de la República, a una gubernatura o a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México no podrán tener ni adquirir otra nacionalidad. En caso de poseerla, deberán renunciar a ella antes de solicitar su registro como candidatos.
El dictamen, impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, obtuvo 344 votos a favor, 116 en contra y una abstención. La reforma modifica los artículos 82, 116 y 122 de la Constitución y entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, aunque será aplicable hasta el proceso electoral de 2028.
En el régimen transitorio se precisa que la norma no afectará a quienes actualmente ocupan los cargos señalados. El Congreso debe armonizar la Ley de Nacionalidad y la legislación electoral dentro de los 90 días naturales posteriores a la entrada en vigor del decreto.
La reforma prohíbe expresamente que los titulares de la Presidencia de la República, los gubernaturas y el jefatura de Gobierno capitalino adquieran otra nacionalidad, usen pasaportes extranjeros, ejerzan derechos políticos en otro país o soliciten protección diplomática distinta a la mexicana. Las violaciones serán sancionadas conforme al Título Cuarto de la Constitución y las constituciones locales.
En el caso de la Ciudad de México, el artículo 122 establece que la persona que aspire a la Jefatura de Gobierno deberá ser mexicana por nacimiento y no tener ni adquirir otra nacionalidad; de contar con ella, deberá renunciar previo a su registro. Los certificados de nacionalidad emitidos antes de la reforma mantendrán su validez para otros cargos.
Durante la discusión, la Comisión de Puntos Constitucionales argumentó que la modificación atiende vacíos legales, ya que el artículo 32 actual no contempla de manera clara los casos de doble nacionalidad desde el nacimiento. La reforma busca garantizar que el vínculo jurídico-político con otro Estado cese efectivamente antes de la candidatura.
Con esta medida, el Congreso busca establecer un estándar más claro de elegibilidad para cargos ejecutivos sin cuestionar la lealtad ni el patriotismo de los ciudadanos con doble nacionalidad, que podrán aspirar a esos puestos si renuncian formalmente a la segunda ciudadanía antes de su registro.
