Emergen del reanálisis de documentos y registros telefónicos con un enfoque técnico y científico, que ha permitido revisar 12 años de información bajo una nueva perspectiva.
Ciudad de México.- Con la apertura de cuatro nuevas líneas de investigación, el Gobierno de México intensifica la búsqueda de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa, desaparecidos la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero. Estas líneas emergen del reanálisis de documentos y registros telefónicos con un enfoque técnico y científico, que ha permitido revisar 12 años de información bajo una nueva perspectiva.
La primera línea se centra en las comunicaciones detectadas entre miembros de la organización criminal Guerreros Unidos, policías municipales y estatales, servidores públicos, y personas vinculadas a funerarias y al sector salud. Entre los hallazgos destaca el uso del teléfono de un estudiante por el dueño de una funeraria en agosto de 2025, lo que derivó en cateos a funerarias y al Servicio Médico Forense (SEMEFO) de Iguala. En estos operativos se encontraron un fémur humano, un arma de fuego, documentos, un horno crematorio sin registro oficial y fragmentos óseos que están en análisis pericial.
La segunda línea corresponde al seguimiento de tres teléfonos de los estudiantes, cuyos usuarios posteriores permitieron abrir procesos legales. Uno de ellos llevó a la emisión de una orden de aprehensión el 24 de agosto de 2026 contra un exservidor público de Iguala por delincuencia organizada y desaparición forzada. Otro teléfono fue utilizado por un policía municipal activo la noche de los hechos, mientras que el tercero refuerza la hipótesis de que algunos jóvenes fueron llevados a la barandilla municipal.
La tercera línea surgió del reanálisis de expedientes, identificando por primera vez a una persona de 14 años implicada en los sucesos. Su declaración, realizada el 30 de julio de 2026, fortalece las imputaciones contra miembros de Guerreros Unidos.
La cuarta línea apunta al ocultamiento de videograbaciones del Tribunal Superior de Justicia de Guerrero. Esta investigación llevó a la detención de la exmagistrada presidenta, la exvisitadora del tribunal y, posteriormente, del exgobernador de Guerrero, el 6 de agosto de 2026, por el delito de desaparición forzada.
El gobierno federal destacó la participación del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) y la colaboración con la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos para reforzar los estudios y la búsqueda de la verdad.
Las autoridades reiteraron que las madres y padres de los 43 estudiantes continúan en el centro del proceso, con la prioridad de localizar a los jóvenes, esclarecer los hechos y llevar ante la justicia a los responsables. Las acciones inmediatas incluyen ampliar las búsquedas, profundizar en la investigación de las videograbaciones y del SEMEFO, así como garantizar la atención y derechos de las familias.
En la conferencia participaron Arturo Medina, subsecretario de Derechos Humanos de la Segob, y Mauricio Pazarán, titular de la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el Caso Ayotzinapa (UEILCA) de la FGR.
